El ministro Rafael Catalá comunica al decano del Colegio de Registradores que no tendrá que asumir el Registro Civil el 15 de julio
Es el tercer proyecto de Ruiz-Gallardón del que se desdice el Ejecutivo, tras las tasas judiciales y la reforma de la ley del aborto.
El Gobierno ha decidido paralizar la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la Propiedad. Así se lo ha comunicado el titular del departamento, Rafael Catalá, al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, según fuentes próximas a estos profesionales. La versión oficial del ministerio sostiene que aún no hay una decisión tomada al respecto. “Seguimos trabajando para cumplir la orden de las Cortes de llegar a un acuerdo, abierto a las sugerencias de registradores, oposición, sindicatos y secretarios judiciales”, aseguró un portavoz.
La privatización del Registro Civil ha suscitado el rechazo de todos los colectivos implicados: desde los funcionarios hasta los secretarios judiciales y jueces, todos los partidos políticos de la oposición, los sindicatos e incluso los propios registradores. Al unísono pedían al Gobierno que diera marcha atrás en el polémico proyecto. Finalmente, el Colegio de Registradores, tras meses de negociar en una comisión mixta con Justicia las condiciones del traspaso, pidió al ministro que retrasase el traspaso del Registro Civil, en principio previsto para el próximo 15 de julio.
Éste es el tercer proyecto estrella del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón del que se termina desdiciendo el Gobierno, tras dar marcha atrás en la aplicación de las tasas judiciales y en la reforma de la ley del aborto.
Sobre el Registro Civil la duda es todavía si el Gobierno va a decretar una nueva prórroga de la vacatio legis –retraso en la entrada en vigor de una ley– de la ley de 2011 o si el proyecto de ley de reforma que se está tramitando en el Congreso terminará decayendo, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre. La Ley del Registro Civil ya estableció una vacatio legis hasta julio de 2014, que en esa fecha se prorrogó un año.
De que a las intenciones del Gobierno les costaba progresar da idea también el hecho de que va camino de eternizarse en el Congreso la tramitación del citado proyecto de ley de reforma del Registro Civil: el plazo de presentación de enmiendas se amplió el pasado martes una semana más. Lleva en esa fase desde septiembre del año pasado. La dimisión de Ruiz-Gallardón, ese mismo mes, supuso un primer parón en el proyecto de ceder a los registradores el Registro Civil. Su sucesor cambió el equipo al frente de la Dirección General de los Registros y el Notariado, y tiró a la papelera el proyecto inicial de Ruiz-Gallardón: tanto la creación de una suerte de colegio de registradores paralelo al oficial –una “corporación de derecho público” que fue tumbada por un duro dictamen del Consejo de Estado–, como la controvertida adjudicación a Indra y Telefónica, a través de una empresa pública del Ministerio de Defensa, del diseño de la plataforma informática para el nuevo Registro Civil.
Es el tercer proyecto de Ruiz-Gallardón del que se desdice el Ejecutivo, tras las tasas judiciales y la reforma de la ley del aborto.
El Gobierno ha decidido paralizar la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la Propiedad. Así se lo ha comunicado el titular del departamento, Rafael Catalá, al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, según fuentes próximas a estos profesionales. La versión oficial del ministerio sostiene que aún no hay una decisión tomada al respecto. “Seguimos trabajando para cumplir la orden de las Cortes de llegar a un acuerdo, abierto a las sugerencias de registradores, oposición, sindicatos y secretarios judiciales”, aseguró un portavoz.
La privatización del Registro Civil ha suscitado el rechazo de todos los colectivos implicados: desde los funcionarios hasta los secretarios judiciales y jueces, todos los partidos políticos de la oposición, los sindicatos e incluso los propios registradores. Al unísono pedían al Gobierno que diera marcha atrás en el polémico proyecto. Finalmente, el Colegio de Registradores, tras meses de negociar en una comisión mixta con Justicia las condiciones del traspaso, pidió al ministro que retrasase el traspaso del Registro Civil, en principio previsto para el próximo 15 de julio.
Éste es el tercer proyecto estrella del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón del que se termina desdiciendo el Gobierno, tras dar marcha atrás en la aplicación de las tasas judiciales y en la reforma de la ley del aborto.
Sobre el Registro Civil la duda es todavía si el Gobierno va a decretar una nueva prórroga de la vacatio legis –retraso en la entrada en vigor de una ley– de la ley de 2011 o si el proyecto de ley de reforma que se está tramitando en el Congreso terminará decayendo, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre. La Ley del Registro Civil ya estableció una vacatio legis hasta julio de 2014, que en esa fecha se prorrogó un año.
De que a las intenciones del Gobierno les costaba progresar da idea también el hecho de que va camino de eternizarse en el Congreso la tramitación del citado proyecto de ley de reforma del Registro Civil: el plazo de presentación de enmiendas se amplió el pasado martes una semana más. Lleva en esa fase desde septiembre del año pasado. La dimisión de Ruiz-Gallardón, ese mismo mes, supuso un primer parón en el proyecto de ceder a los registradores el Registro Civil. Su sucesor cambió el equipo al frente de la Dirección General de los Registros y el Notariado, y tiró a la papelera el proyecto inicial de Ruiz-Gallardón: tanto la creación de una suerte de colegio de registradores paralelo al oficial –una “corporación de derecho público” que fue tumbada por un duro dictamen del Consejo de Estado–, como la controvertida adjudicación a Indra y Telefónica, a través de una empresa pública del Ministerio de Defensa, del diseño de la plataforma informática para el nuevo Registro Civil.
